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Publicado: 12/18/2010

La responsabilidad penal de las sociedades obliga a planificar sus decisiones.

Ref. Sociedades. Durante mucho tiempo se excluyó la posibilidad de imputar a las personas jurídicas. Con esta reforma del Código Penal Español, la situación cambiará.

Es la entrada en vigor de la responsabilidad penal de las sociedades, de la figura delictiva de la corrupción entre particulares, o la modificación de la corrupción en transacciones comerciales internacionales obliga a las empresas a evaluar las consecuencias jurídicas que conlleven sus decisiones.


A esta nueva situación de responsabilidades penales hay que sumar la presencia de las empresas en países diversos, con diferentes normativas, y la cada vez mayor intervención y coordinación entre los reguladores y agencias públicas, que han multiplicado las obligaciones formales y las investigaciones, lo que supone que la apertura de una de ellas en un país, se traslade y se lleve a cabo simultáneamente en cualquier otro del mundo, con los riesgos que ello conlleva.

Por ello, cada vez gana más terreno las prácticas de investigaciones corporativas con equipos de abogados especializados en las ramas del derecho de los países que afectan a la empresa o al grupo, especialidad en la que Frehsfields es pionera en todo el mundo.

"Por ejemplo en temas de secreto profesional, asuntos laborales, competencia, tributarios o de protección de datos, una investigación iniciada en un Estado siempre conlleva repercusiones en el resto de los países donde la empresa o el grupo esté instalado, aunque no sean los mismos socios en unos países que en otros", explica Rafael Murillo, experto en investigaciones internas de esta firma de abogados.

"Incluso, te encuentras con incongruencias legales. En Estados Unidos, por ejemplo, te piden una información sobre los trabajadores de forma informal, pero en Europa este requisito es delito porque incumple la protección de datos", afirma Raquel Flórez socia de Frehsfields, especialista en Laboral.

Por eso, las empresas deben asegurarse que cumplen con la normativa de cada país en el que operan y estar preparados ante posibles denuncias de irregularidades y, para ello tomar decisiones con una base legal internacional.

Exigencias para las extranjeras
La Foreign Corrupt Practices Act (Ley extranjera de delitos de corrupción y soborno de Estados Unidos o FCPA), somete a las empresas no americanas que operan en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, pero venden sus productos en ese país, a la actuación de sus reguladores estando actualmente expuestas a graves riesgos por estar obligados con dicha ley. Lo mismo ocurre con la inglesa anti-soborno o Bribery Act.

Como consecuencia de la aplicación de la FCPA y la Bribery Act, así como de la mayor interacción de los reguladores, multinacionales con presencia en España como Accor Servicios Empresariales, Alcatel, Alstom, Siemens, Areva, Balfour Beatty Rail Spain, Aon, Amec, Fiat, Daimler o Technip con presencia en España, ya han sido multadas con sumas importantes por actividades consideradas delictivas en América, Asia y Europa.

"Una simple invitación a una carrera de Fórmula Uno o a la Final de la Copa del Mundo se consideran atenciones de relaciones públicas en unos sitios y delitos con responsabilidad penal en otros" afirma Álvaro Iza, socio de Frehsfields en el área de Competencia.




Fuente/Autor: El Economista/


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